Freno a inmobiliarias que dañan el medio ambiente en Quintana Roo

Han pasado tres meses desde que entró en vigor la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico en el estado de Quintana Roo, provocando un aumento significativo en las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte del sector inmobiliario, así como un proceso de concientización sobre la manera en que los desarrollos irregulares operaron durante décadas y cómo pueden regularizarse en la actualidad, cuando el daño al medio ambiente ya está hecho.

Conocida como Ley Lezama, la reforma al Artículo 24 de la Ley de Equilibrio Ecológico sigue el propósito de frenar la construcción, la venta y el uso comercial de inmuebles que no cuenten con la MIA correspondiente. Dicha reforma fue impulsada por legisladores de Morena y el Verde Ecologista, y aprobada de forma unánime a principios de septiembre pasado en el Congreso estatal.

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMAQroo), organismo encargado de la gestión de las MIAs, reporta que los desarrolladores inmobiliarios se han acercado a tramitar los permisos ambientales hasta un 50% más que antes de la entrada en vigor de la reforma.

Carlos Alberto Manrique Aragón, director de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de Quintana Roo, considera que el Poder Legislativo del estado tuvo mucha visión al concretar la reforma y establecer el carácter de obligatoriedad. Por su parte, la bióloga Patricia Ocaña Luna, presidenta del Colegio de Biólogos de Quintana Roo, destaca la falta de planeación en los municipios con mayor desarrollo inmobiliario, como Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum.

“Apenas se están realizando los instrumentos de planificación, algo que debió suceder desde el inicio de las construcciones. Un ejemplo claro es la isla de Holbox, que creció de manera desorbitante sin ningún control. En Tulum ya no queda prácticamente nada de lo que yo conocí hace 30 años. Nunca hubo una planificación a futuro”.

En palabras de Ocaña Luna, las inmobiliarias que no hacían estudios ambientales dejaban los predios semiurbanizados: “La mayoría de las veces, los fraccionadores abrían las calles, vendían los lotes para recuperar su capital y dejaban en problemas a quienes los habitaban, pues carecían de los servicios básicos, y también al municipio que tenía que erogar un gasto que se encontraba fuera de la planeación”.

Entre los impactos ambientales negativos de los desarrollos irregulares, Ocaña refiere que no se implementaron medidas de mitigación como el rescate de flora y fauna, el filtrado del agua para el reabastecimiento de esta en el subsuelo y la prevención de la contaminación.

Aunque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ya era obligatoria desde 1986, es a partir de esta reforma a la Ley que los notarios públicos y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo tienen la obligación de constatar que los proyectos inmobiliarios cuenten con su autorización de impacto ambiental antes de que sean inscritos, dando certeza jurídica a todos los desarrollos.

Sin embargo, en caso de que un inmueble de Quintana Roo no tenga permiso ambiental previo a la construcción, existe la posibilidad de regularizarlo a través de la SEMAQroo. “Una de las modalidades de la MIA es por impactos generados”, explica Carlos Manrique. “Para no frenar el desarrollo, deben realizarse los estudios con esta modalidad e ingresarlos a la Secretaría, a fin de que puedan ser evaluados y se decreten las medidas de compensación y mitigación ambiental por los impactos que el proyecto generó”.

La reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico se alinea con las acciones de protección ambiental impulsadas por la gobernadora Mara Lezama para la preservación de la riqueza natural y el bienestar comunitario, acorde con la visión de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano en todo el estado y acabar definitivamente con el desarrollo inmobiliario irregular.