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Senadora de Quintana Roo bajó iniciativa para prohibir delfinarios

En el marco de las denuncias ciudadanas contra el maltrato a delfines en hotel Barceló, vale la pena recordar los esfuerzos legislativos por prohibir los delfinarios y a la legisladora de Morena que lo impidió.

#QuintanaRoo

4 de febrero de 2025

Columna: CONTRADICHO


En los últimos días, Quintana Roo ha sido escenario de denuncias ciudadanas contra el maltrato a mamíferos marinos en delfinarios locales, lo que ha generado respuestas de las autoridades municipales, estatales y federales, en su mayoría pertenecientes al partido Morena.


Destaca el caso del Hotel Barceló Maya Grand Resort en la Riviera Maya, señalado por activistas como el delfinario más pequeño de México (una alberca humana clorada de apenas 20 metros de largo por 2 metros de profundidad), a todas luces insuficiente para el bienestar de los delfines, donde se han reportado la muerte de dos de ellos (Alex y Plata), presuntamente debido a las condiciones inadecuadas de sus instalaciones y a las consecuencias de los entrenamientos y los espectáculos públicos a los que los cetáceos son forzados con fines de lucro.


La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha intensificado su investigación sobre el delfinario del Hotel Barceló Maya Grand Resort, tras la muerte de al menos un delfín y un video de contenido sensible que ha circulado en redes sociales. El incidente, captado en video y difundido en redes sociales, muestra al delfín golpeándose contra una estructura de concreto, lo que ha generado indignación entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales.


La Profepa ha solicitado a la empresa operadora del delfinario, TAGEPA S.A.P.I. de C.V., que presente documentación relacionada con el fallecimiento de los delfines "Plata" y "Alex", así como información sobre su registro como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS). Activistas exigen el cierre definitivo del delfinario, argumentando condiciones inadecuadas y maltrato hacia los animales.


En México, se han impulsado diversas iniciativas legislativas para la creación de santuarios y centros de rescate destinados a la rehabilitación e integración de mamíferos marinos. Uno de estos esfuerzos fue liderado en 2021 por la entonces senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena (actualmente diputada), quien propuso reformar la Ley General de Vida Silvestre con el objetivo de prohibir la utilización de estos animales en espectáculos y terapias asistidas con delfines. Su propuesta buscaba erradicar el maltrato y sufrimiento de estas especies; sin embargo, no logró avanzar en el Congreso.


A finales de 2022, la legisladora volvió a presentar una iniciativa con el mismo propósito, esta vez incorporando la posibilidad de establecer santuarios para su protección. A pesar del nuevo intento, la propuesta nuevamente fue rechazada.


Pero, a la par, ha habido legisladores que van completamente en sentido contrario del bienestar animal y a favor de los intereses económicos detrás de los espectáculos circenses con delfines.


Fuertes rumores en la escena ambientalista de Quintana Roo señalan que la que está más incómoda con los recientes testimonios de maltrato a delfines es la diputada federal Marybel Villegas Canché (Morena), quien, en octubre de 2023, cuando fue senadora (también del partido Morena), bajó la iniciativa que buscaba prohibir los delfinarios del país, influida por el poder económico de la empresa Dolphin Company. Este hecho ha generado suspicacia en la 4T, movimiento que se ha sumado a la defensa de los derechos de los animales.


Villegas argumentó que la reforma al Artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre era "ambigua y radical”, ya que apuntaba hacia el cierre de los delfinarios y la prohibición de los espectáculos con animales marinos. Para la senadora, la aprobación afectaría significativamente la economía de Quintana Roo, ya que el 90% de los delfinarios de México se encuentran en esa entidad.


Este debate ha generado tensiones entre los defensores de los derechos de los animales y quienes abogan por la continuidad de los delfinarios debido a su impacto económico y turístico. La situación se complica aún más con las recientes acusaciones de maltrato animal en delfinarios locales, lo que ha intensificado la discusión sobre el futuro de estas instalaciones en México.


Con la reciente aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, se abre la posibilidad de generar políticas públicas que contribuyan a la eliminación de delfinarios y cualquier otro espacio donde se vulneren los derechos de la fauna marina.


La premisa es clara: el entretenimiento humano no puede justificarse a costa del sufrimiento animal.


¿Volverá el poder económico a imponerse sobre el bienestar animal y el sentido común?


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